El 25 de mayo se publicó la Ley 12/2023, con entrada en vigor al día siguiente por el Derecho a la Vivienda, recogido en el artículo 47 de la CE.
Tal y como indica el Preámbulo de dicha ley, los objetivos de esta ley son garantizar:
– El derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE)
– El derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE)
– El derecho a la protección de la salud (art. 43 CE)
– El derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE)
Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿Por qué se ha vuelto a hablar de esta ley que entró en vigor hace un año?
Pues porque como todo en política, lo que para unos es bueno, para otros es malo, eso es lo que ha pensado, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, quien anunció el pasado 26 de septiembre en su cuenta de X que “No podemos limitar el precio de la vivienda porque no funciona (miren los datos), y porque es un atentado contra la propiedad” y se ha mostrado abiertamente en contra de la Ley de vivienda.
Y en parte no le falta razón, una de las medidas de esta ley es la creación de un nuevo índice que irá asociado al alquiler de vivienda en sustitución del IPC (las comunidades autónomas elegirán si aplicarlo o no), este índice afecta a nuevos contratos de alquiler de grandes tenedores, pero, aunque no seas gran tenedor también puede que te afecte, pues se aplica a viviendas que no han estado en alquiler y están situadas en zonas calificadas como “zonas tensionadas” de acuerdo con lo establecido en esta nueva Ley.
No obstante, no es que la Presidenta de la Comunidad de Madrid pretenda poner trabas al acceso a viviendas de demandantes de primera vivienda, pues recordemos que desde el Gobierno autonómico se han llevado a cabo diferentes iniciativas relacionadas con este tema, por ejemplo, la Comunidad de Madrid presentó a principios de este verano el plan “Mi primera vivienda”, el cual busca facilitar el acceso a la primera vivienda a madrileños de hasta 40 años que tengan un empleo estable y solvencia económica, pero carezcan de ahorros suficientes para conseguir una hipoteca.
Volviendo por qué vuelve a ser un tema de actualidad la Ley de vivienda aprobada en 2023, el ejecutivo español (concretamente la ministra de vivienda y agenda urbana), ha amenazado esta semana a Ayuso con retirar la financiación estatal destinada a políticas del mercado inmobiliario en la Comunidad de Madrid si no implementa la Ley de vivienda.
Opinión
La vivienda es, obviamente, un problema importante en España, pero la solución no debería ser limitar los precios, sino incentivar al alquiler de viviendas, algunas opciones posibles podrían ser garantizar un rápido proceso judicial contra morosos y okupas o la creación de un registro oficial de morosidad que evite la reincidencia de estas personas.
Mejorar la seguridad de los propietarios de viviendas al sacar al mercado los pisos vacíos de los que disponen sería un buen primer paso para atajar de forma más rápida el problema de escasez de viviendas en alquiler.
No tiene sentido que el gobierno amenace a una comunidad autónoma con retirarle los fondos destinados a mejora del mercado inmobiliario justificando esta amenaza en la no implementación de una Ley que, a día de hoy, no es obligatoria, pues es una amenaza de la cual los primeros perjudicados van a ser los propios ciudadanos.